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Artículo. Nueva República

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Por Anibal Torres Vásquez

12/08/2018 La corrupción se instaló en el Perú con la conquista y se fortaleció con la independencia. Debido a que “una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos, por algunos funcionarios”, Bolívar, el 12.1.1824, decretó: “Todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado por sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeto a la pena capital”.

Restablecer la pena capital para los corruptos, narcotraficantes y todos los que cometen delitos graves, implica denunciar el pacto de San José de 1978, que la prohíbe. En pocos meses el delito se reduciría a su mínima expresión y emprenderíamos nuestro crecimiento económico y desarrollo social. Si a esto se agrega una política de Estado sobre una educación de calidad, en pocos años dejaríamos de ser un país tercermundista para pasar a ser uno del primer mundo. Pero poner en manos de nuestros fiscales y jueces la aplicación de la pena de muerte, significaría convertir a la vida de las personas en una mercancía que se subastaría al mejor postor en el Poder Judicial; muchos inocentes serían ejecutados. El remedio sería peor que la enfermedad.

Por donde se mire, el Estado peruano es corrupto, salvo pocos servidores públicos probos y honestos. La corrupción evidenciada últimamente con los audios, por pequeña que sea, debe ser sancionada severamente, pero no puede ser utilizada, como se viene haciendo, para ocultar a la gran corrupción beneficiada con sentencias como la del TC (caso Humala), de la Sala Penal Nacional que ha liberado a los empresarios peruanos coludidos con Odebrecht, al Gobernador del Callao, etc. Magistrados como estos y todos los que han favorecido a grandes criminales (violadores, asesinos, narcotraficantes, expresidentes, directivos de Proviesa y muchísimos etcéteras), deberían estar en la cárcel, pero están “administrando justicia”. La gran corrupción, como los empresarios coludidos con Odebrecht, cuenta con el apoyo de la prensa “mermelera” y de partidos políticos. Deben ir a la cárcel los que han “robado diez verdecitos” y los que lo han hecho por millones.

La coima para ganar contratos con el Estado, obtener licencias o cualquier decisión administrativa está institucionalizada. Los funcionarios, abogados, árbitros involucrados en el caso Odebrecht están libres. Los congresistas no se investigan y sancionan, ni investigan y sancionan a los funcionarios comprendidos en los artículos 99 y 100 de la Constitución.

Todo indica que nos gobierna una organización criminal integrada por narcotraficantes, políticos, fiscales y jueces corruptos.
La reforma del sistema de justicia no se hace con palabras o discursos, sino con la ley. La ley es producto del poder político.

Luego, si se quiere reformar, no maquillar, el sistema de justicia, primero se tiene que reformar el poder político.

Hace pocos días se convocó al Consejo de Estado para tomar acciones contra la corrupción. Esto fue una burla a la población, porque los políticos y magistrados del sistema de justica no van a combatir su propia corrupción, pues para ello han conquistado el poder.

Este Estado corrupto es nauseabundo. Muchos desean un golpe de Estado, pero este es un albur, porque no se sabe si combatirá la corrupción o la fortalecerá. Enfrentar en democracia a la corrupción requiere crear una nueva República, convocando a una Asamblea Constituyente o adelantando las elecciones, sin la participación, en uno u otro caso, de los que han ejercido o ejercen el poder político ni de los sentenciados, por leve que sea el delito cometido.

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